Protestan ante la PGR por casos de desaparición forzada en el país

Activistas y familiares de desaparecidos, entre ellos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaron frente a la PGR para recordar el 41 aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, atribuida a efectivos del Ejército en el contexto de la “guerra sucia”.

El caso de Rosendo Radilla fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que, en 2009, declaró responsable al Estado mexicano de la desaparición del luchador social guerrerense, sentencia que no ha sido acatada totalmente.

Tita Radilla Martínez, hija del luchador social detenido en un retén militar en Atoyac, el 25 de agosto de 1974, sostuvo que la impunidad en la que se encuentran los cientos de casos de desaparición forzada de las décadas de los sesenta, setenta y principios de los ochenta “permitió que ahora estamos viviendo desapariciones, pues no hubo sanción para los responsables de la guerra sucia, y esos son los maestros de los que hoy están desapareciendo personas”.

La también representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afaddem) aseguró que, “a casi 60 años de la guerra sucia, no hay un solo caso de desaparición forzada resuelto, ni un desaparecido fue encontrado ni un funcionario ha sido castigado por lo que hizo”.

Luego de señalar que la desaparición de su padre ha marcado la vida no sólo de sus hermanos sino de las generaciones de familiares que le siguieron, Tita Radilla denunció que a pesar de que la desaparición forzada es un delito continuo que no prescribe, “funcionarios de la PGR se han negado a tomar las denuncias de familiares de desaparecidos de la guerra sucia, que son más de 600 en Guerrero, con el pretexto de que no se presentaron las denuncias antes”.

Luego de asumirse convencida de que la desaparición de las más de 26 mil personas, así como de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no habrían ocurrido si se hubiera castigado a los responsables de las desapariciones de la “guerra sucia”, Radilla Martínez lamentó que “instancias internacionales tengan que venir a México a indagar sobre las desapariciones forzadas porque el Estado mexicano se niega a investigar y a esclarecer estos hechos, a pesar de que el gobierno sabe qué ocurrió con nuestros familiares”.

Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecido en 2007, reconoció que “la lucha por encontrar a sus familiares es lo que ha mantenido vigente la memoria de los desaparecidos, pues el gobierno le apuesta al olvido”.

Fundadora del Comité de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos”, Reyes Maldonado sostuvo que en México la “práctica de la desaparición forzada es política de Estado”, y ésta sólo podrá ser combatida si los familiares participan en la legislación de su prevención y sanción a los responsables”.

La defensora pidió a familiares de víctimas participar en la elaboración de la ley general contra la desaparición forzada, y recordó que su organización y otras integradas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada elaboraron un proyecto que será entregado en breve al Senado.

Bernardo Campos Santos y Juan Colón Juárez, padres de los normalistas José Ángel Campos Cantor y Christian Colón Garnica, se solidarizaron con la pena de la familia Radilla al reconocer que ellos han sufrido durante 11 meses por la desaparición de sus hijos.

Los padres de familia resaltaron que desde el 27 de septiembre del año pasado, los familiares de los 43 desaparecidos abandonaron sus actividades cotidianas para dedicarse a buscar a sus hijos y exigir al gobierno de Peña Nieto su presentación.

Al cumplirse 11 meses, recordó Campos Santos, “nos hemos repartido, unos estamos solidarizándonos con la señora Tita y otros fueron a embajadas a pedir que exijan al gobierno que presenten a nuestros hijos”.

El integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, reconoció que a casi seis años de la sentencia de la CoIDH, el caso Radilla ha provocado algunos cambios a nivel legislativo, como las modificaciones al Código de Justicia Militar.

Además, respaldó la propuesta de Nadín Reyes de sumar a los familiares de las víctimas a la elaboración de la Ley General contra la Desaparición Forzada.

Pese a los avances legislativos, Corcuera Cabezut admitió que para “lo que no ha habido es voluntad política para localizar a Rosendo Radilla”.

En ese sentido, lamentó que del análisis de otras sentencias de la CoIDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya concluido que recomendaciones de órganos internacionales que se contrapongan a la Constitución sean desechadas, lo que implica “un retroceso en materia de derechos humanos”.

En la manifestación los directores ejecutivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) –que representa a Radilla– y del Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Antonio Guevara Bermúdez y Mario Patrón Sánchez, respectivamente, coincidieron en que la impunidad perpetrada en las desapariciones del pasado son parte del origen de las actuales desapariciones.

“A las más de 788 víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia, se han sumado más de 26 mil, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviada –señaló Guevara Bermúdez–. La impunidad en delitos del pasado ha contribuido a que los hechos violatorios de derechos humanos vuelvan a ocurrir”.

El director de la CMDPDH exigió al Estado mexicano el cumplimiento cabal de la sentencia de la CoIDH, sobre todo en lo correspondiente a la localización de Rosendo Radilla, y extender la búsqueda a los cientos de desaparecidos de esa época, así como a las decenas de miles de los actuales.

Al demandar que el caso de Radilla Pacheco sea retomado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Guevara pidió la concentración de información recabada por diversas instancias sobre los desaparecidos de la guerra sucia, así como la creación de un banco de datos genéticos.

También pidió indagar en los archivos militares la identidad de mandos y elementos de tropa activos durante las desapariciones de la “guerra sucia”, así como determinar puntos de excavación certeros.

Mario Patrón resaltó que si en la “guerra sucia” las desapariciones tenían móviles políticos, hoy en día ocurren por cualquier motivo, de ahí que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU considerara que son “generalizadas”.

Al señalar que en 26 de 31 estados del país “hay condiciones para la desaparición de personas”, Patrón Sánchez reconoció que hoy con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como ayer, con los cientos de casos similares a los de Rosendo Radilla, lo que impera es que “no hay procesos de búsqueda, no hay justicia ni capacidad para buscar”.

Patrón Sánchez apuntó que mientras no haya un reconocimiento de la gravedad del problema de la desaparición, “mientras no haya un plan de búsqueda, mientras no se investigue a los mandos, el dolor de padres y madres va a continuar”.

 

 

Vía: PROCESO